Los altos índices de violencias que sufre el Estado de Veracruz, motivaron a la Universidad Veracruzana a vincularse con el Centro de Servicios Municipales y el Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle para producir una investigación que incida en los altos niveles de violencias contra jóvenes y adolescentes.
Por: Cora Ruiz Tena y Esteban Tavera
Un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad Veracruzana se propusieron el objetivo de indagar en los factores de violencias que afectan actualmente a algunas localidades del estado de Veracruz, México, para hallar alternativas de políticas públicas que ayuden a construir un contexto menos hostil para las juventudes de esos lugares, que son la población más afectada por las dinámicas de violencia.
En ese cometido encontraron como aliados al Centro de Servicios Municipales (Cesem) y al Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (Matraca), quienes los acompañan en la investigación que están desarrollando en seis colonias rurales y urbanas ubicadas en las ciudades de Xalapa, Veracruz Puerto, Coatzacoalcos y Poza Rica. La investigación, que busca pasar también a una fase de incidencia en los territorios, es una de las seis iniciativas que conforman el proyecto Gen Wayna.
El principal impulso para adelantar este trabajo viene de la mano de las preocupantes cifras que presenta el Estado de Veracruz en relación con las violencias. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros seis meses del año, en ese Estado se cometieron 835 homicidios, que se suman a 114 casos de feminicidio y 200 casos de secuestro.
Así mismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, entre los años 2011 y 2016, el porcentaje de la población que dijo sentirse insegura en Veracruz pasó del 64% al 85%.
Para el Dr. José Alfredo Zavaleta Betancourt, quien lidera la investigación, el incremento de las violencias en ese Estado está vinculado con “procesos estructurales económicos y políticos como el desempleo, las migraciones, la desigualdad, la precarización del empleo y a las viejas redes de corrupción institucional”. Así lo manifiesta en el artículo “Veracruz: La pluralidad de violencias acumuladas regionalmente”, publicado en enero de este año.
El primer paso que dieron el equipo involucrado en esta propuesta fue hacer un diagnóstico de las condiciones de vida de los y las jóvenes que habitan en las poblaciones sujetas en la investigación, y con esto pudieron evidenciar que “faltan de espacios para que puedan potenciar sus capacidades y gastar sus energías”. A esto se le suma que desde temprana edad pasan muchas horas sin sus familias ya que estos están muchas horas fuera de las casas debido a que trabajan en la capital Xalapa.
Por su parte, el panorama de la educación pública no es el mejor. Las escuelas están desbordadas con las problemáticas que sufren los y las jóvenes y se ven afectadas por medidas de prevención como un “toque de queda” que se implantó en una de las zonas en las que trabaja el proyecto. Además, hay siete localidades consideradas de alta peligrosidad y se alzó una alerta de género en once municipios de los 47 existentes.
Una de las alternativas que han encontrado a esto, tal y como lo contó Alfredo Zavaleta, es construir “la casa de las y los jóvenes”, una propuesta que busca disponer de un espacio con actividades y ocio para que las y los adolescentes no tengan como única alternativa estar en las calles cuando salen de la escuela. Así mismo, seguir impulsando propuestas como la escuela de fútbol mixta que impulsó Cesem en una de las zonas rurales en los que desarrolla sus trabajos.
En un plano más general, según lo señala el Dr. Zavaleta en su artículo, una de las formas de superar esas problemáticas es implementar cambios a nivel gubernamental. “El gobierno estatal necesita continuar los esfuerzos de construcción del estado de derecho mediante la mejora de la coordinación regional de las fuerzas policiales de los tres niveles de gobierno, la institucionalización de la fuerza pública, el relanzamiento de la reforma de la justicia penal, la innovación en la prevención social y comunitaria, la construcción efectiva de un sistema de atención a víctimas de la violencias y la experimentación con buenas prácticas como laboratorios de paz basados en la cooperación para un ciclo diferente de convivencia en el estado”, concluye el artículo.
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